INTRODUCCIÓN

Desde siempre las mujeres han tenido la capacidad de velar, proveer y aportar en los roles en que se desempeñan, creando un sustento personal o familiar, así como poseen esa capacidad de percibir e intuir lo que acontece a su alrededor,  posibilitando la adopción de decisiones pertinentes y la  mejor manera de hacerlo, sorteando obstáculos.

La actual situación de dependencia financiera de las mujeres sigue vigente, lo cual les impone el reto de lograr la igualdad distributiva que incluye la superación de la pobreza, tanto monetaria como de tiempo, la igualdad salarial, el fin de la discriminación en el mercado laboral, y la decisión libre sobre su vida productiva y sexual.

El objetivo de esta reflexión transita por el hecho de mostrar la necesidad de conjugar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de un desarrollo dinámico con el avance sistemático hacia mayores niveles de igualdad. Tal igualdad entendida no solo como una igualdad de  medios, sino también como una mejor distribución del ingreso. Se trata además de lograr una mayor igualdad en capacidades, en agencia, en pleno  ejercicio de la ciudadanía y en dignidad y reconocimiento recíproco de  los actores, en especial de las mujeres. Ello implica reconocer a los sujetos como iguales e interdependientes  que presupone poner en marcha políticas tanto para promover la autonomía de las mujeres como para mitigar sus vulnerabilidades. Vislumbrar la importancia de incorporar las contribuciones realizadas desde las perspectivas de género, etnia y medio ambiente, en la formulación de políticas de igualdad en la distribución  de roles (en la familia, en el trabajo, en la política), para influir positivamente en las relaciones entre las generaciones presentes y futuras.

DESARROLLO

1. Marco normativo e institucional sobre el trabajo de la mujer en el Ecuador

En América Latina y el Caribe las mujeres trabajan principalmente en el sector de servicios y muchas veces, en empleos vulnerables, aunque un gran número de mujeres, también trabaja en el sector informal como artesanas, campesinas, vendedoras. Los mayores índices de actividad de las mujeres se dan en Asia Oriental, Sudeste asiático y Pacífico. Sin embargo, estos se refieren a jornadas de trabajo extensas. En Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón es mayor la probabilidad de que las mujeres estén empleadas en posiciones de menor relevancia que los hombres y en jornadas de tiempo parcial.

Por otra parte es importante insistir en el reconocimiento del trabajo no remunerado y el pronunciamiento de disposiciones legales que garanticen el reconocimiento de esta labor que realiza comúnmente la mujer en el desenvolvimiento del sustento de la familia y el cuidado humano que se desarrolla en los hogares.

En estudios realizados por el Observatorio de Género de la CEPAL, entre el 2011 a 2014 tomando como parámetro 10 países de la región la situación del trabajo remunerado se encuentra con un promedio  del 21% de la población femenina y el 40.80% del trabajo femenino no es remunerado. En esta evaluación se incluyen Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Uruguay.

El tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado de la población de 15 años de edad y más, por sexo, hasta el 2012 (Promedio de horas semanales) en Ecuador se comportó en un 44% de trabajo remunerado de los hombres contra un 20,7% en el caso de las mujeres y en el trabajo no remunerado  el 10,2 % los hombres y el 40.3% de las mujeres. Ecuador se encuentra entre los 5 estados de mayor porcentaje de mujeres en condiciones de trabajo no remunerado, lo cual constituye un punto de partida para buscar alternativas  que respalden la invisibilidad de este fenómeno. [1]

Ya desde el 2008 se ha pronunciado el Ecuador en su pacto social en cuanto a la garantía y reconocimiento del trabajo no remunerado y el trabajo humano en tanto el artículo 333 de la carta magna establece: “Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares.” (Nacional, 2008)

El propio artículo hace referencia al papel del estado para promover un régimen laboral en armonía con las necesidades del cuidado humano, que a su vez facilite los servicios, infraestructuras y horarios de trabajos adecuados; y servicios públicos destinados al cuidado infantil y de las personas con discapacidad de manera que  los miembros que constituyen el sustento del hogar puedan realizar sus labores productivas, así mismo impulsar  la corresponsabilidad  de hombres y  mujeres en el trabajo doméstico y demás obligaciones familiares. Dispone además que el Estado dará protección en el tema de la seguridad social paulatinamente a personas que tengan a su cargo el trabajo no remunerado del hogar.

Con estas disposiciones la sociedad ecuatoriana se colocó en condiciones de responder consecuentemente a las relaciones de igualdad a la que aspira una sociedad justa, equitativa y empeñada en llevar adelante un desarrollo sostenible y sustentable garantizando mecanismos de adelanto para la mujer.

1. Las mujeres y su autonomía en Latino América. Ecuador

Las mujeres cotidianamente despliegan en sus hogares estrategias para a través de acciones teñidas de experiencia e innovación y habilidades que se adaptan a las cambiantes realidades medioambientales. Pese a que contribuyen a la solución y al bienestar de sus familias, las mujeres aún son muy poco consideradas en las estrategias locales, nacionales y mundiales.

Si bien están muy involucradas en el uso de los recursos naturales, especialmente las que se dedican a las labores agrícolas, en la mayoría de los casos estas mujeres no tienen la propiedad de la tierra y no poseen control sobre el destino de activos productivos que se utilizan para explotarla. Al no tener la propiedad de la tierra ni de bienes inmuebles, se les hace muy difícil acceder a créditos, ya que en su mayoría carecen de bienes que puedan poner en garantía para préstamos financieros. Esto constituye un círculo vicioso que las excluye de muchos recursos productivos o de préstamos para financiar emprendimientos. La falta de acceso a bienes y activos financieros también las aleja de las áreas de la tecnología y la innovación.

En otro orden de cosas se ha valorado el otorgamiento de pensiones  a las mujeres y la CEPAL en estudios realizados en el año 2016 en base a 4 países de Latinoamérica Brasil, Chile, Uruguay y Argentina sobre la cobertura de pensiones tanto en jubilaciones por vejez como en pensiones por supervivencia y contribuciones mostró que las brechas entre hombres y mujeres en esta materia persisten. (CEPAL, 2016).

Este es un tema que aún queda para reflexionar, aunque en Ecuador ya existen políticas públicas para personas con discapacidad, a los que se les otorga el bono Joaquín Gallegos Lara y a las madres solteras y personas de la tercera edad el bono de desarrollo humano. Esta política pública estuvo dirigida al beneficio de familias con cumplimiento de corresponsabilidad en educación y salud, que la recibe el representante del núcleo familiar de preferencia la mujer, constituyendo un avance en propuestas que tributan al reconocimiento del trabajo doméstico realizado por la mujer en favor de la disminución de la extrema pobreza y la desigualdad de género como indicadores del desarrollo sostenible.

Ecuador tiene 8’087.914 mujeres, lo que representa el 50,5% de la población del país, según las proyecciones poblacionales. De ellas 1´069.988 son jefas de hogar. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos ecuatoriano presenta varios datos al respecto.

Actualmente las mujeres desempeñan funciones y profesiones que tenían mayor participación masculina, en el 2001 existían 64 mujeres con títulos universitarios de físicos y en el 2010, esa cifra llegó a 1.125 mujeres. Así también las mujeres prefieren las profesiones científicas e intelectuales, pues el 53,3% de estos profesionales son mujeres.

Dentro del mercado laboral, la población femenina de Ecuador se incrementó dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) en un 80% entre 2001 y 2010. Mientras del total de establecimientos registrados en el censo económico, el 48%  tiene a una mujer como dueña o gerente.

En el caso del trabajo doméstico o no remunerado, las mujeres dedican en promedio 31:49 horas semanales, frente a las 9:09 que utilizan los hombres, es decir, 22:40 horas semanales

En los próximos seis años la población femenina se incrementará en un 9,36% mientras la de los hombres lo hará en 9,14%. De acuerdo a las proyecciones poblacionales, para el año 2020 la esperanza de vida será de 79 años, cinco años más que la de los hombres.

Según registros administrativos, la edad en las que las mujeres prefieren casarse es entre 20 a 24 años, con el 30,13% de las uniones registradas en este rango, mientras que los hombres en su mayoría se casan con entre los 25 y 29 años, ello demuestra que comienzan a realizar labores domésticas no remuneradas a más temprana edad. (INEC, 2014)

El diseño de los sistemas de pensiones tiene una incidencia directa en la profundización o mitigación de las desigualdades de género. Estas brechas se agravan al estar los sistemas diseñados sobre supuestos de destinatarios típicos, con una trayectoria laboral continua, estable y en el sector formal de la economía, por tanto, no consideran los requerimientos diferenciados a partir de las trayectorias laborales de las mujeres, ya que ellas están principalmente insertas en el sector informal y, si cotizan en el sector formal, pueden presentar interrupciones debido a que los requerimientos de cuidado las obligan a pasar al sector informal, que les ofrece horarios más flexibles, lugares de trabajo más cercanos a su vivienda y otras condiciones que, ante la ausencia de otras opciones, les permiten compatibilizar la vida familiar y la laboral aun a costa de una mayor vulnerabilidad, menores salarios y mala calidad del empleo.

Además, las desigualdades se exacerban con la introducción de mecanismos abiertamente discriminatorios, en el sistema de pensiones para las mujeres, sumado a ello la escasa visibilidad que tiene en los sistemas de pensiones el aporte de las mujeres a la protección social por la vía del trabajo no remunerado de cuidado, lo que sigue siendo una deuda pendiente en la región para consolidar la igualdad.

Las repercusiones de este escenario son inminentes y profundas para la autonomía económica de las mujeres en la vejez y en el debate sobre la ciudadanía y la política pública. Por una parte, implican reconocer los límites que exhiben en la actualidad los Estados democráticos frente al objetivo de la igualdad y la materialización de los principios de los derechos humanos. Por otra parte, los potenciales efectos de esta situación pueden llegar a constituir riesgos importantes para la estabilidad social, económica e incluso política de los países, si se considera la interacción entre una demografía en transición y la incapacidad de asegurar niveles de ingresos adecuados y suficientes para una población femenina mayoritaria, envejecida y empobrecida, con mayores necesidades de atención en el plano de los cuidados y la salud.

El panorama presentado da cuenta de una ciudadanía estratificada en la vejez, lo que puede considerarse urgente y prioritario para la política social y económica. Los sistemas de seguridad social deben contemplar el principio de solidaridad entre hombres y mujeres, y reconocer los aportes de las mujeres al bienestar y el desarrollo de los países.

En Ecuador actualmente se trabaja en una propuesta de Ley sobre Economía y Cuidado a partir de la Ley Marco de la Economía de Cuidados dispuesta por la que tiene como fin reconocer como labor productiva el trabajo no remunerado de cuidado humano, con un Sistema Nacional de Cuidado Humano que garantice los derechos de las personas en situación de cuidado y las cuidadoras bajo los principios de solidaridad, corresponsabilidad e igualdad. Esta propuesta de ley se sustenta en el artículo 369 de la Constitución de la República que establece que las prestaciones de la seguridad social para las personas que realizan tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado.

La ley de Economía Popular y Solidaria aprobada en abril de 2011 es una política pública en favor de la autonomía de la mujer, en tanto sus actividades están dirigidas a fomentar procesos de producción, comercio y financiamiento para generar ingresos y satisfacer necesidades privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad. La economía popular y solidaria está orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. Las prácticas de esta economía se potencian en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas basadas en la solidaridad y cooperación. Se sustenta en principios tales como la equidad de género y el bien común, en correspondencia con el buen vivir. (Intendencia de Estadísticas Economía Popular y Solidaria , 2011)

1. El desarrollo sostenible y la autonomía de la mujer en la Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, constituida por 17 objetivos de desarrollo con una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, fue suscrita por 193 Estados conformado la hoja de ruta para América Latina y el Caribe, en temas altamente prioritarios para la región, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, y un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros.

La agenda en su objetivo número 5 refiere el tema de la igualdad de género con el fin de lograr la igualdad y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Si bien se ha logrado con los objetivos de desarrollo del milenio avances a nivel mundial con relación a la igualdad de mujeres en la esfera de la educación, la salud y la inserción laboral, aún siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del mundo. (SELA, 2015)

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Si se facilita a las mujeres igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto. Las metas propuestas en esta Agenda de desarrollo están encaminadas a poner fin a las prácticas nocivas, de discriminación y violencia hacia las féminas haciendo un alto para dar reconocimiento y valorar su trabajo tanto productivo como doméstico no remunerado y que ocupa una buena parte de su tiempo muchas veces invisibilizado.

Para el cumplimiento de las metas trazadas en los objetivos se precisa la implementación de servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, que promuevan y garanticen la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según el contexto de cada país. De igual forma aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres (ONU, 2016)

Estos objetivos indudablemente están en franca correspondencia con el logro de la autonomía de las mujeres, elemento crucial en el destierro de toda forma de discriminación y violencia por razones de género y además presuponen la integración de la mitad o más de los recursos humanos del mundo a los ingentes esfuerzos por lograr un futuro de desarrollo sostenible que permita la perpetuidad de vida en el planeta.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos y sus metas son un marco programático que contribuye a la autonomía de las mujeres en sus múltiples dimensiones, a la vez que apoya la creación de condiciones estructurales para la igualdad. Por ello, también será necesario reposicionar los planes de igualdad de género como eje vertebral de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo, y lograr una nueva forma de hacer política pública inclusiva, con mayor innovación y eficacia, para alcanzar sus objetivos y contribuir a la propuesta civilizatoria de la Agenda 2030, donde de la cultura del privilegio y la discriminación se transite a la cultura de la igualdad y los derechos. (CEPAL, 2016)

[1] Véase en los indicadores del tiempo total de trabajo no remunerado en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y del Caribe de la CEPAL website: http://oig.cepal.org/es/indicadores/tiempo-total-trabajo recuperado fecha 16 Agosto del 2017

CONCLUSIONES

• En América Latina, se muestra como se ha ido construyendo, junto con la participación del movimiento feminista, los gobiernos y los organismos internacionales, una concepción política y pública de la vulnerabilidad de la población femenina y por otra parte los compromisos y responsabilidades de las instituciones que tienen que garantizar el ejercicio de los derechos y procesos que conducen a la igualdad de género, erradicación de la discriminación y violencia, logrando redistribuir el tiempo, los recursos y roles de la mujer en el desarrollo económico personal y de la sociedad.
• Cada país deberá reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico igualmente no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, que permita integrar a las mujeres en los avances del  desarrollo sostenible a mediano y largo plazo.
• Las instituciones públicas han de velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles en la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.
• El tema de la autonomía financiera de la mujer y las políticas públicas encaminada a visibilizar y apoyar  la corresponsabilidad en la economía de  cuidados constituye un supuesto de incidencia en el estatus de la mujer en todos los ámbitos que inexorablemente conducen al cumplimiento  del objetivo N°5 de la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, referido a la igualdad de género; en el cual tiene responsabilidad tanto el Estado como la sociedad civil.